EXTRACTO DEL TEXTO DE LA CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA DE 1869

La Nación española, y en su nombre las Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal, deseando afianzar la justicia, la libertad y la segu­ridad, y proveer al bien de cuantos vivan en España, decretan y sancionan la siguiente Constitución:

TÍTULO l: De los españoles y sus derechos.

Art. 2. Ningún español ni extranjero podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito.

Art. 3. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la detención.

Art. 4. Ningún español podrá ser preso sino en virtud de mandamiento de juez competente.
Art. 5. Nadie podrá entrar en el domicilio de un español o extranjero residente en España sin su consentimiento, excepto en los casos urgentes de incendio, inundación u otro peligro análogo, o de agresión legítima procedente de adentro, o para auxiliar a perso­na que desde allí pida socorro. Fuera de estos casos, la entrada en el domicilio de un español o extranjero residente en España, y el registro de sus papeles o efec­tos, sólo podrán decretarse por juez competente y ejecutarse de día. El registro de papeles y efectos tendrá siempre lugar a presencia del interesado o de un individuo de su familia, y en su defecto de dos testigos vecinos del mismo pueblo.

Art. 6. Ningún español podrá ser compelido ( = obligado ) a mudar de domicilio o de residencia sino en virtud de sentencia ejecutoria.

Art. 7. En ningún caso podrá detenerse y abrirse por la autoridad gu­bernativa la correspondencia confiada al correo, ni tampoco de­tenerse la telegráfica. Pero en virtud de auto de juez competente podrá detenerse una y otra correspondencia, y también abrirse en presencia del procesado la que se le dirija por el correo.

Art. 8. Todo auto de prisión, de registro de morada o de detención de la correspondencia escrita o telegráfica, será motivado.

Art. 11. Ningún español podrá ser procesado ni sentenciado sino por el juez o Tribunal a quien, en virtud de leyes anteriores al delito, competa el conocimiento, y en la forma que éstas prescriban.
No podrán crearse Tribunales extraordinarios ni comisiones espe­ciales para conocer de ningún delito.

Art. 14. Nadie podrá ser expropiado de sus bienes sino por causa de uti­lidad común y en virtud de mandamiento judicial, que no se ejecutará sin previa indemnización regulada por el juez con inter­vención del interesado.

Art. 16. Ningún español que se halle en pleno goce de sus derechos civi­les podrá ser privado del derecho de votar en las elecciones de Senadores, Diputados a Cortes, Diputados provinciales y Concejales. Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro pro­cedimiento semejante. Del derecho de reunirse pacíficamente. Del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública; y, por último, del derecho de dirigir peticiones individual o colectivamente a las Cortes, al Rey y a las autoridades.

Art. 21. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la re­ligión católica.
El ejercicio público o privado de cualquiera otro culto queda ga­rantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limi­taciones que las reglas universales de la moral y del derecho.
Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior.

Art. 22. No se establecerá ni por las leyes ni por las autoridades disposi­ción alguna preventiva que se refiera al ejercicio de los derechos definidos en este título. Tampoco podrán establecerse la censura, el depósito ni el editor responsable para los periódicos.

Art. 24. Todo español podrá fundar y mantener establecimientos de ins­trucción o de educación sin previa licencia, salvo la inspección de la autoridad competente, por razones de higiene y mora­lidad.

TÍTULO II: De los poderes públicos.

Art. 32. La soberanía reside esencialmente en la Nación, de la cual ema­nan todos los poderes.

Art. 33. La forma de Gobierno de la nación española es la Monarquía.

Art.34. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes.
El Rey sanciona y promulga las leyes.

Art. 35. El poder ejecutivo reside en el Rey, que lo ejerce por medio de sus Ministros.

Art. 36. Los tribunales ejercen el poder judicial.

Art. 37. La gestión de los intereses peculiares de los pueblos y de las pro­vincias corresponde respectivamente a los ayuntamientos y diputaciones provinciales, con arreglo a las leyes.

TÍTULO Ill: Del poder legislativo.

Art. 38. Las Cortes se componen de dos Cuerpos colegisladores, a saber: Senado y Congreso. Ambos Cuerpos son iguales en facultades, excepto en los casos previstos en la Constitución.

Art. 40. Los Senadores y Diputados representarán a toda la nación y no exclusivamente a los electores que les nombraron.

Art. 46. No podrá estar reunido uno de los Cuerpos colegisladores sin que lo esté también el otro, excepto en el caso en que el Senado se constituya tribunal.

Art. 60. Los Senadores se elegirán por provincias.
Al efecto, cada distrito municipal elegirá por sufragio universal un número de compromisarios igual a la sexta parte del de Con­cejales que deban componer su Ayuntamiento. Los distritos municipales donde el número de Concejales no llegue a seis, elegirán, sin embargo, un compromisario. Los compromisarios así elegidos se asociarán a la Diputación pro­vincial respectiva, constituyendo con ella la junta electoral.
Cada una de estas Juntas elegirá a pluralidad absoluta de votos cuatro Senadores.

Art. 65. El Congreso se compondrá de un Diputado al menos por cada 40.000 almas de población, elegido con arreglo a la ley elec­toral.

TÍTULO IV: Del Rey.
Art. 67. La persona del Rey es inviolable, y no está sujeta a responsabi­lidad. Son responsables los Ministros.
Art. 68. El Rey nombra y separa libremente sus Ministros.


TÍTULO VI: De los Ministros.

Art. 87. Todo lo que el Rey mandare o dispusiera en el ejercicio de su autoridad será firmado por el Ministro a quien corresponda.

Art. 89. Los Ministros son responsables ante las Cortes de los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones. Al Congreso corresponde acusarlos y al Senado juzgarlos.

TÍTULO VII: Del poder judicial.

Art. 91. Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias de­terminen las leyes. En ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales. 11

Art. 93. Se establecerá el juicio por jurados para todos los delitos políticos, y para los comunes que determine la ley.

TÍTULO X: De las provincias de Ultramar.

Art.. 108. Las Cortes Constituyentes reformarán el sistema actual del Gobierno de las provincias de Ultramar, cuando hayan tomado asiento los Diputados de Cuba o Puerto Rico, para hacer extensivos a las mismas, con las modificaciones que se creyeren necesarias, de­rechos consignados en la Constitución.